Tal Cual | La Prensa Panamá

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POR GUSTO. El doctor Néstor Sosa escribió sobre el juega vivo en el proceso de vacunación. A estos malandrines, Sosa les pidió tener “la decencia de esperar su turno”. El problema es que los de turno en el Gobierno ni son solidarios ni tienen la decencia para eso ni para nada. Se podría apostar –sin temor a perder– que antes de que todo el personal de salud esté vacunado, lo estarán los juega vivo de siempre, diputados, familiares, amigos y amigas, socios y allegados. Es que Panamá no puede prescindir de sus más valiosos zánganos.CACAO. Por cierto, ayer circuló una foto de vehículos del Minsa en el supuesto edificio donde vive el vicepresidente, porque presuntamente iban a vacunar a su parentela. Entonces, Carrizo manifestó que “no debe haber margen para la desinformación y la calumnia”, porque ni él ni su familia han sido inmunizados. Parece que Gaby ha saboreado una cucharadita de su propio chocolate, porque si hay alguien que sabe preparar y repartir ese chocolate es él.JERINGA. La diputada Zulay Rodríguez acusó a su colega y copartidario Crispiano Adames de “tumbar” ayer la sesión del pleno legislativo para evitar que se sometiera a votación la citación al director de la CSS, Enrique Lau. ¿Cómo sería esa eventual comparecencia de Lau? ¿Virtual? Porque si intentan hacerla presencial, desde ya requerimos un cerco sanitario al director para que ningún diputado se le acerque a pedirle vacunas. Suficiente ya tienen con los nombramientos en la institución.LÁTIGO. La magistrada y presidenta de la Sala Penal, María Eugenia López Arias, presentó una denuncia penal contra el juez civil de Chiriquí Sergio González, luego que una auditoría judicial a su despacho determinara presuntas dilaciones en el trámite de varios casos. Por ejemplo, hallaron 26 expedientes activos que datan de 1983, y otros 32 expedientes (2 de ellos con más de 20 años de haber sido enviados a ese juzgado) que ni siquiera ingresaron en la hoja de inventario. Lástima que la competencia de la magistrada López no le permita ordenar auditorías similares y presentar denuncias contra miembros del pleno.

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