Sábado picante | La Prensa Panamá

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El lavado de dinero es un delito perverso. Es hacer legítimo el dinero hurtado, por ejemplo, por los funcionarios que se lo roban. Y es perverso porque miles de personas quedan privadas de servicios y obras estatales. A pesar de que en Panamá hay evidencias contundentes de que se han pagado cientos de millones de dólares en coimas –lavados en el sistema bancario local e internacional– los responsables nos guiñan el ojo, pues muchos de ellos saben que quedarán librados de toda culpa, sin importar las evidencias en su contra. Es una ley no escrita en Panamá.Según el presidente Cortizo, ya no basta con tener leyes anti lavado ni que el Ministerio Público investigue estos delitos. Son necesarias sentencias para salir de las listas negras y grises. Parece que alguien se tomó el trabajo de buscar una pizarra y con una tiza le dibujó el panorama que, por fin, parece haber entendido. El engaño de tener leyes contra el lavado de dinero queda al descubierto cuando las condenas en casos de alto, mediano, pequeño y de microscópico perfil son necesarias para que nos borren de esas aborrecibles listas.Los países y organizaciones que exigen a Panamá efectividad en el tema de las condenas por lavado de dinero ya no pretenden esperar más años para ver resultados. Pero les tengo una solución salomónica. Si no se atreven, si no quieren, si no les apetece o si les han pagado para no producir esas condenas, entonces permitan que otros lo hagan. Les propongo específicamente una reforma constitucional para permitir la extradición de panameños a los países que los pidan por este y sus delitos conexos.Así se evitan el dolor de cabeza de juzgar a un VIP; nadie hablaría mal de los jueces por estos casos y le quitarían al Ministerio Público un peso de encima, pues los fiscales se podrán dedicar a investigar casos con posibilidades reales de condena en Panamá. Sólo hay que recordar las palabras de Michael Kozak, subsecretario de Estado estadounidense: “Nosotros sí tenemos consecuencias para individuos que sean corruptos”.No veo por qué el Estado tenga que proteger a ciudadanos que han actuado en contra de la colectividad. Más bien creo que el Estado debe proteger a las víctimas, no a los victimarios, a quienes solo hay que garantizarles procesos apegados a la ley, sin que esta se convierta en un tapón que impida el envío del “paquete”.Admito que si se aprueba una reforma de este tipo correremos el riesgo de quedarnos sin los políticos y autoridades necesarias para completar las vacantes que se producirían en los tres órganos del Estado. Eso sería un problema, pero, después de todo, hemos vivido a la deriva en los últimos años, porque, precisamente,estaban ocupados lavando. La buena noticia es que, cumplidas sus condenas en donde los reclaman, y de vuelta a la tierrita, podrían ser contratados en la planilla 172 de la Asamblea Nacional para ser “consultores” en materia anti lavado.

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