Pany Pérez pedirá que su caso sea enviado a la Corte, porque alega ser diputado

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La defensa del alcalde de La Villa, Eudocio Pany Pérez, procesado por el caso “El Gallero”, presentará una incidencia de competencia para que su cliente sea juzgado por la Corte Suprema de Justicia y no por la justicia ordinaria.
En las pasadas elecciones generales, Pérez habría logrado una curul como diputado suplente en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), por el Partido Revolucionario Democrático (PRD). La Constitución establece que a los diputados -de la Asamblea Nacional y del Parlacen- los procesará la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles 15 de mayo, en un receso en el juicio oral del caso “El Gallero”, la abogada de Pérez, Gladys Quintero, anunció a los medios de comunicación que presentaría la solicitud de traslado de competencia.  Quintero destacó que el juicio no podría avanzar porque primero el tribunal deberá resolver la incidencia. Quintero dijo que presentará otra incidencia por nulidad, porque aduce que su cliente no fue imputado. “No hay juicio, sino hay imputación”. El tribunal de juicio de este caso esta integrado por los jueces Katia Rodríguez (presidenta), Aldo Johnson (relator) y Marisol Osorio. Por este caso están imputados Pérez, Manuel Domínguez Walker, Manuel Salazar, Gabriel De Jesús Ibarra, Alberto Chávez Chen, Andrés Moreno Zamora, Ernesto Browen, José Antonio Villarreal, Eduardo José Vásquez, Manuel Domínguez Salazar, Luis Omar Álvarez, Jahir Antonio Casanova, Eucaris Domínguez y Katherine Cuesta M., entre otros. El fiscal primero de Drogas, Markel Mora, presentará 83 pruebas testimoniales y 100 pruebas documentales que fueron validadas por un juez de garantías. Mientras que a los abogados de los procesados le fue validado un número similar de pruebas. Esta investigación se inició en octubre de 2016, cuando se realizaron operativos antidrogas y de seguimiento, y decomisos de droga, armas, bienes inmuebles y vehículos. Seis de los imputados en el caso están detenidos provisionalmente y el resto tiene medidas menos severas. A los implicados se les acusa por la presunta comisión de delitos contra el orden económico (blanqueo de capitales), la seguridad pública, asociación ilícita para delinquir y contra la administración pública (corrupción de servidor público).

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