La banca podrá ofrecer en cuestión de días ayudas directas al alquiler para los afectados por la crisis de la Covid-19

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La banca confía en poder ofrecer en los próximos días los microcréditos con aval del Estado para que los clientes más afectados por la crisis puedan hacer frente al pago de su alquiler, después de que la burocracia haya retrasado casi dos meses la puesta en marcha de este sistema de ayudas directas.Las entidades financieras estaban a la espera de que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que es quien aporta el aval de los minipréstamos, publicara las características finales de este sistema y, por lo tanto, se aclararan algunas cuestiones de procedimiento. Las dudas planteadas por la banca, especialmente por las entidades más representativas, según explican a Efe fuentes del sector, buscaban agilizar el proceso de concesión de los créditos de hasta 5.400 euros, pues el máximo son 900 euros durante 6 meses.El ICO ha trasladado ya las condiciones de la línea de avales y destaca que tiene preparado el sistema para que las entidades puedan operar, aunque por el momento sólo han suscrito el acuerdo entidades pequeñas como Abanca, Unicaja Banco, Liberbank, Cajamar, Laboral Kutxa y las cajas de ahorros de Ontinyent y Pollença.Ese listado irá aumentando a medida que las entidades y el ICO suscriban los correspondientes convenios y, aclaradas las dudas entre ambas partes, se espera que “en los próximos días” se firme con las grandes entidades, lo que será un paso clave para que las ayudas puedan llegar realmente a los afectados.Características de la medidaLos préstamos deberán ser solicitados por el inquilino en la entidad antes del 30 de septiembre y el banco será el encargado de pagar mes a mes al propietario del inmueble, con un pago inicial, si corresponde, de las mensualidades no pagadas desde el 1 de abril hasta la firma del crédito.Y es que con independencia de cuándo se solicite el microcrédito, la financiación tendrá carácter retroactivo por lo que el propietario del inmueble recibirá la renta que dejó de cobrar desde el 1 de abril o más tarde en el caso de que su inquilino entrara después en situación vulnerable, al estar en paro, afectado por un ERTE o ser un autónomo con una buena caída de sus ingresos.

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