Hoy por hoy

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Cuando se examina nuestra legislación sobre delitos que implican –especialmente– condenas de privación de libertad, uno no tarda en darse cuenta de que está hecha para favorecer deliberadamente a los sospechosos. Nuestra ley es excepcionalmente formal. Los abogados no defienden la inocencia de sus clientes, sino los fallos que pudieron haber cometido los investigadores, concediéndose mucho más peso a la forma que al fondo. Y ese formalismo es estricta y severamente aplicado cuando se trata de políticos que han robado al Estado. Entonces, nuestro país es una costosa caricatura, en el que cada carcajada que produce un fallo a su favor, a los ciudadanos nos cuesta millones de dólares. Cada caso de corrupción que se gana por estos formalismos termina enriqueciendo a los delincuentes, dinero que también sirve para comprar conciencias. En consecuencia, los ciudadanos no solo somos víctimas de los malos políticos, sino de la propia justicia. Y, por supuesto, en esta malsana combinación, nuestra ignorancia también tiene su cuota de culpa, porque vamos directo, sonrientes y entusiastas, a destruir nuestro Estado de derecho y, eventualmente, nuestra democracia. Es lamentable, pero nuestra historia no figurará en libros, sino en pasquines, en los que no ganan los buenos… ganan los villanos.

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