¿Es obligatoria la vacunación contra la Covid-19?

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En Francia, el presidente Emmanuel Macron adoptó medidas coercitivas para incentivar a la población renuente a vacunarse contra la Covid-19, a que lo reconsidere.Próximamente, a estas personas les estará prohibido la entrada a sitios públicos, como el Metro de París, museos, cines y otros atractivos culturales.Al mismo tiempo, Italia y Grecia apretaron sus restricciones a los no vacunados, incluso con amenazas directas de despidos a funcionarios que no se inmunicen para finales del verano.Una tendencia que se hace globalEmpezando por el Vaticano y pasando por Francia, Reino Unido, Italia y Grecia, cada vez son más los países que se suman a la tendencia de establecer la vacunación contra la Covid-19 como obligatoria o de fijar restricciones cada vez más fuertes para aquellas personas que se oponen a ser inmunizadas, apelando para ellos a sus derechos individuales. En este escenario de crisis sanitaria, empero, los derechos de las mayorías parecerían imponerse. El debate está servido.Aunque estas medidas controvertidas empiezan a ser comunes, el primer precedente fue el del Estado del Vaticano, que según el portal france24.com estableció en febrero la obligatoriedad de la vacunación para todos los empleados de la Santa Sede, so pena de despido.La urgente necesidad de detener la pandemia de la Covid-19 alcanza una importancia crítica en todo el mundo, debido al surgimiento de variantes como la Delta, que son sumamente contagiosas y problemáticas para los sistemas de salud.En la mayoría de las democracias occidentales, el acceso a la vacunación es un derecho universal. Sin embargo, hoy se plantea la pregunta: ¿es también es un deber jurídico y, por tanto, tiene un carácter obligatorio?La perspectiva internacionalEl Protocolo de San Salvador a la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificado por Panamá mediante la Ley 21 de 1992, establece en el artículo 10, numeral 2, que: “Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho”.El mismo artículo, en su literal C, especifica lo siguiente: “la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas…”.Este artículo es vinculante para Panamá y lo que quiere decir es que el Estado panameño está obligado a efectuar la vacunación de toda su población. Este mandato requiere entonces la obligatoriedad de las vacunas.Este tema ya ha sido discutido por el derecho comparado. Consideremos algunas decisiones de la justicia española contenidas en el portal legaltoday.com.Por ejemplo, en el auto No. 362/10, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada: “SE ACUERDA: Autorizar la vacunación forzosa de los treinta y cinco niños que constan en el listado de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud de 22 de noviembre de 2010…”.Esta sentencia hacía referencia a la renuencia de los padres de familia de estos niños y niñas a vacunarlos contra la Sarampión. El juzgado dijo que la vacunación era obligatoria.Por otra parte, en una opinión del Tribunal Constitucional de España, en un auto del año 2020, se desarrolló el concepto de la limitación extraordinaria a los derechos constitucionales de los ciudadanos españoles. En una parte de la extensa decisión se dice que: “Por eso nos encontramos en un escenario en que los límites al ejercicio de los derechos, que indudablemente se dan, se imponen por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2). En este caso los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente”.Lo que dice la legislación panameñaEn el artículo 110 la Constitución Política de la República de Panamá se establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de todos los panameños, así: “En materia de salud, corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación”.Y en el numeral 4 de ese mismo artículo se establecen las siguientes funciones: “Combatir las enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental, el desarrollo de la disponibilidad de agua potable y adoptar medidas de inmunización, profilaxis y tratamiento, proporcionadas colectiva o individualmente, a toda la población”.El concepto de “toda la población” fundamentaría el derecho de exigirlas y el deber de cumplirlas.En tanto, la Ley 48 del 5 de diciembre de 2007 regula específicamente esta materia y establece en su artículo 1 lo siguiente: “Se establece como medida sanitaria de especial atención la vacunación contra enfermedades inmunoprevenibles. Este proceso de vacunación será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional”.Además, el segundo párrafo del artículo 8 de esta misma ley dice: “Las personas que ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de los niños y de las personas con discapacidad tienen la obligación de cumplir las indicaciones del Ministerio de Salud en todo lo relativo a la inmunización de estos”.Más adelante, la Ley 48 establece un mandato taxativo, así: “Los residentes en el territorio nacional, sin distinción de religión o raza, tienen la obligación de mantener actualizado su estado vacunal, de conservar su tarjeta de vacunación y de presentarla cuando les sea requerida”.Esta norma jurídica es reiterativa e insiste en el carácter obligatorio de la vacunación, asignándole, en el artículo 14, la facultad de ordenar la vacunación obligatoria al jefe de la cartera de salud, así: “Se faculta al Ministro de Salud para que, cuando considere que la salud de la población está en riesgo, ordene las acciones de inmunización extraordinarias que sean necesarias, las cuales serán obligatorias para todos los residentes en la República”.Es muy improbable que las autoridades de salud visiten casa por casa a cada residente del país para vacunarlo. Tampoco es factible que en un Estado democrático la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad dejen de perseguir el delito para capturar a los no vacunados.Esto no quiere decir que el Estado no tenga otras herramientas para inducir a la vacunación, como restringir el acceso al servicio de transporte público (Metro y Metrobus) o suspender beneficios económicos, como el bono solidario o la red de oportunidades a los no vacunados.Además, el Estado puede exigir la vacunación obligatoria de todos los funcionarios y empleados privados que atiendan público, manipulen alimentos o estén en contacto con otras personas. Este requerimiento ya se está haciendo en otros países.A pesar de las condiciones anteriores, el Estado no está en disposición de requerir la obligatoriedad de la vacunación actualmente, porque no hay tantas dosis disponibles y el país carece de suficiente recurso humano en materia sanitaria para inmunizar a toda la población al mismo tiempo. No obstante, cuando la disponibilidad de vacunas lo permita y se hayan liberado recursos humanos se presentará el dilema de efectivamente hacer obligatoria la vacunación, o mantener la tolerancia a un porcentaje importante de no vacunados.La renuencia a las vacunas parecería estar amparada en el derecho de toda persona a efectuar sus propias decisiones sobre su cuerpo. Sin embargo, ese derecho a rehusar tratamiento médico puede perjudicar a otros en la comunidad que no pueden vacunarse por razones fisiológicas o que no han tenido acceso a la vacunación.Aquí, el balance de la ecuación no es entre el derecho humano de una persona versus el mandato del Estado, sino el derecho individual de uno contra el derecho a la vida y a la salud de muchos.

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