El conflictivo listado de paraísos fiscales

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Los ministros de Economía y Finanzas de los países que forman la Unión Europea (ECOFIN) se reunirán el próximo martes 18 de febrero para actualizar la lista de jurisdicciones con deficiencias en materia fiscal.Los países que serían adscritos a la lista discriminatoria ya habrían sido informados. Panamá sería uno de ellos. Sin embargo, las autoridades locales no han hecho ningún pronunciamiento hasta que no se formalice el anuncio.Departamento del Tesoro de Estados Unidos“Tenemos preocupaciones importantes sobre el contenido de la lista y el proceso defectuoso con el cual fue desarrollado”.Desde el año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió irse de frente contra la legitimidad de la lista. En aquel momento advirtió de que la Comisión Europea proporcionó a las jurisdicciones afectadas solo una base superficial para su determinación, y comunicó que serían incluidas en la lista solo días antes de su emisión.Pero el argumento más importante de Estados Unidos es que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) es el organismo mundial de normalización para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.La reunión de ECOFIN se enmarca en la revisión anual de la lista “negra” de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), creada en diciembre de 2017. Así lo han confirmado a La Prensa fuentes oficiales de Bruselas.El llamado grupo del Código de Conducta -compuesto por un equipo de más de 25 técnicos- es el encargado de supervisar que la legislación y la praxis de los países bajo examen estén en coherencia con los estándares de transparencia fijados.Su opinión es relevante, pero no determinante, porque la decisión final sobre la clasificación la toma el órgano colegiado, compuesto por todos los ministros de Economía y Finanzas de los países de la UE.“El proceso de inclusión en la lista de la UE es un ejercicio liderado por el Consejo. Los ministros de Finanzas de la UE evaluarán la situación final el próximo martes 18 de febrero”, señalaron las fuentes.Los criterios con los que la institución del viejo continente identifica un paraíso fiscal son tres: el nivel de transparencia fiscal, la aplicación de medidas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evitar la erosión de la base impositiva o prácticas de transferencia de beneficios y el grado de justicia de su política impositiva.En diciembre de 2017, Panamá fue incluida en la primera versión de la lista negra de la UE porque no cumplía con la cuestión relativa a la gobernanza fiscal, al considerarse que tenía “un régimen preferencial tributario nocivo”.Las otras dos condiciones que Panamá superó eran la transparencia fiscal garantizada por la firma de convenios de la OCDE, así como su lucha contra el traslado de beneficios a jurisdicciones de baja tributación.Departamento del Tesoro de Estados Unidos.Sin embargo, solo 41 días después ser incluido en la lista, el istmo pasó del Anexo I, que incluye las jurisdicciones no cooperativas, al Anexo II, que agrupa los estados en los que se han identificado deficiencias, pero que han asumido el compromiso de modificar sus prácticas en distintos ámbitos, como fiscalidad, transparencia o intercambio de información. Allí ha permanecido hasta ahora.“Estar en el Anexo II no significa que Panamá sea un país no cooperador en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Significa, más bien, que se trata de un país que mantiene su compromiso de cooperación, pero en el que existen todavía deficiencias regulatorias y legislativas. Por ello se ha continuado con su evaluación, y el próximo martes se tomará una decisión al respecto”, señalan desde Bruselas.Desde principios de 2018 y hasta ahora, el país ha introducido cambios relevantes en su legislación para adecuarse a los nuevos compromisos. Entre ellos, la Ley 51, que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio automático de información fiscal, y la Ley 52, que obliga a las sociedades panameñas con negocios internacionales a mantener registros contables en el territorio panameño.Además, tipificó como delito en el Código Penal la evasión fiscal, y reguló la actividad de los llamados call center y de los regímenes especiales (Sedes de Empresas Multinacionales, Área Económica Especial Panamá-Pacífico).Credibilidad mermadaLa lista que será actualizada el próximo martes fue objeto de polémica, ya que varios expertos y organizaciones criticaron, desde su origen, la falta de rigor con la que fue elaborada. En este sentido, la organización Oxfam incidió en que si la UE aplicase sus propios criterios a los Estados miembros, muchos de ellos pasarían a engrosar la lista negra.Malta, Irlanda y Países Bajos, por ejemplo, permiten a las empresas dejar de tributar por los rendimientos derivados del registro de la propiedad intelectual, como las patentes y el copyrigth.No obstante, desde un principio, la UE puso un veto para que ninguna jurisdicción de su territorio fuera susceptible de ser listada, lo que para muchos merma su credibilidad.Actualmente, la lista negra de la UE la componen ocho territorios, que son: Fiji, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Omán, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

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