El caso emblema y Ricardo Martinelli ante la justicia

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El miércoles 21 de julio de 2021 marca un hito en la historia judicial del país: empezó el nuevo juicio a Ricardo Martinelli, por la interceptación de comunicaciones sin autorización judicial y seguimiento, en el denominado caso pinchazos.El expresidente de la República llegó a Plaza Ágora, sede del Primer Distrito Judicial, a las 8:38 a.m. Se bajó de un carro 4X4 y enseguida le pusieron una andadera para que se desplazara. Una enfermera le acomodaba la mascarilla, mientras un grupo de diputados de Cambio Democrático (CD) hacía fila para posar a su lado. La gran protagonista de este capítulo fue Yanibel Ábrego, diputada y secretaria general de CD, quien estos días anda en campaña para quitarle el control del partido a Rómulo Roux. “Yanibel, Yanibel, Yanibel”, gritaban algunos de los seguidores del exmandatario.Y como si se tratara de un guión proselitista bien montado, Martinelli estiró su brazo derecho para acomodar a la diputada a su lado. Marylín Vallarino, otra diputada de CD, se pegó a Ábrego, y poco a poco los políticos avanzaron entre la multitud. Entonces, con Ábrego a su derecha, y rodeado por sus abogados, escoltas y seguidores, Martinelli habló con los periodistas. “Esta es una pelea privada, entre tres personas: una señora que no se ha podido reponer de una pérdida del 2009 y dos personas que lo único que quieren es plata. Esto no conlleva nada más”, dijo Martinelli. Se refería la excandidata presidencial del PRD en 2009, Balbina Herrera; el dirigente perredista Mitchell Doens y el abogado Rosendo Rivera.Un grupo de diputados de CD acudió ayer al tribunal donde tenía lugar la audiencia, a apoyar a Martinelli, pero no los dejaron entrar. Román DibuletLa salaLas juezas Iveth Francois Vega (presidenta), Jennifer Saavedra (relatora) y Marysol Osorio (tercera juez), quienes conforman el Tribunal de Juicio, entraron a la sala a las 9:14 a.m. Jessica Canto, del equipo legal de Martinelli, intentó parar la diligencia con una tercera incapacidad médica. Alegó que su cliente toma medicamentos muy fuertes para el dolor, los cuales, en ocasiones, le pueden producir somnolencia, por lo que su médico, el neurocirujano Walter Kravcio, le sugirió reposo absoluto. Presentó un certificado médico que incapacita a su cliente desde el 21 de julio hasta el 20 de agosto de 2021, y a la vez propuso a las juezas escuchar la declaración de su médico para que rindiera un informe detallado de la cirugía de la columna a la que fue sometido.Ricaurte González, del equipo de fiscales del Ministerio Público, se opuso a la moción de Canto, argumentando que ya el juicio tenía un mes de retraso debido a las dolencias del exgobernante. Añadió que las víctimas de este proceso requieren justicia. David Cuevas, abogado de Rosendo Rivera, afirmó que Martinelli podría ser separado del proceso y que sus abogados llevaran el juicio, pues así lo permite el artículo 372 del Código Procesal Penal.La petición de Canto fue rechazada. Las juezas concluyeron que al imputado se le ha respetado su derecho a la salud, y que Martinelli podía ausentarse de la sala de audiencia, pero, que podía seguir el proceso por medios electrónicos.Tres querellantesAntes de eso, se anunció el desistimiento de las querellas del médico Mauro Zúñiga (15 de julio) y del periodista Rubén Polanco (20 de julio). El exalcalde Juan Carlos Navarro retiró la demanda el pasado 6 de abril. El tribunal no se opuso a estos acuerdos. Ahora solo quedan tres querellantes: Balbina Herrera, Mitchell Doens y Rosendo Rivera.Navarro mencionó el tema el pasado 19 de julio en su cuenta de Twitter: “Confirmo que desde hace meses retiré demandas a La Prensa, Doens, Sanchez Cardenas, RM y otros, sin acuerdo politico ni acuerdo económico alguno”.Ahora, Zúñiga está representado por el abogado Carlos Ameglio Moncada, quien no acudió ayer al juicio. Carlos Herrera Morán, quien lo representó en todo el proceso, expresó: “Éramos sus abogados, a nosotros no nos han comunicado… hoy apareció un abogado que ni siquiera vino (…)”.Ricardo Martinelli, acusado de espiar comunicaciones, se mostró ayer con una andadera. Román DibuletHerrera Morán ahora también representa a Balbina Herrera y a Mitchell Doens. La Prensa contactó a Rubén Polanco para que hablara del acuerdo, pero no respondió.Las juezas también negaron otros recursos: uno presentado por Luis Eduardo Camacho González y otro interpuesto por Alfredo Vallarino. El primero argumentó que el pasado14 de junio solicitó una audiencia de afectación de derechos, y que no se efectuó porque no se pudo citar a peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces reiteró esa petición, pero el tribunal dijo que no. Vallarino profundizó sobre los delitos. Recordó que su cliente fue absuelto de los delitos de peculado y que ahora se le quiere enjuiciar con fundamento en los mismos hechos por los ya que fue exonerado. Su razonamiento fue desestimado.Los alegatosActo seguido las juezas dieron por abierta la sesión de juicio (11:39 a.m.) y solicitaron al Ministerio Público que presentara su teoría del caso. La fiscal Diana Callender recordó que entre los años 2012 y 2014 el entonces Presidente de la República usó a funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para espiar opositores políticos, obreros, empresarios, periodistas y hasta magistrados de la Corte, y que para ello adquirió equipo de espionaje sofisticado, con el que ingresaba a los celulares y correos electrónicos.Añadió que existen testimonios de funcionarios, de personal que trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional, que detallan cómo se adecuaron oficinas con equipos electrónicos, y recordó que el sistema Pegasus —comprado a ala empresa israelí NSO Group— sirvió para espiar las comunicaciones. Callender también rememoró que los funcionarios encargados del espionaje entregaban un reporte diario de las escuchas y seguimiento a Martinelli, quien ordenaba estos trabajos.La defensaCarlos Carrillo, de la defensa de Martinelli, argumentó que este caso se trata de “un montaje”, con la participación de funcionarios de los estamentos de seguridad de la administración del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019). Este abogado también afirmó que se demostró que los correos electrónicos que la fiscalía alega fueron entregados por un testigo protegido, en realidad fueron grabados por funcionarios del CSN de la administración Varela. También aseguró que hubo presión sobre algunos testigos para que afirmaran de situaciones que nunca ocurrieron, y que el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Luis Rivera Calle admitió haber sido presionado durante el peritaje. Acusó al Ministerio Público de realizar diligencias en esta investigación sin la presencia de un abogado defensor, como principio básico de lealtad procesal.Sin embargo, Carrillo no hizo referencia a la compra de los equipos usados para espiar las comunicaciones. De hecho, por este caso ya fueron condenados Alejandro Garúz, exdirector de la CSN; y Gustavo Pérez, exdirector de la Policía Nacional y exdirector del CSN.Eliana Morales GilEditora Política/Judiciales

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