A quien corresponda: de derechos y maniobras

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“A quién corresponda: que no nos salen las cuentas, que las reformas nunca se acaban, que llegamos siempre tarde donde nunca pada nada”… un verso del gran Serrat que usualmente se nos aplica al dedillo en Panamá, a excepción de hoy: lo que Amnistía Internacional denunció el lunes 19, con indignada reacción global inmediata, que el software israelí Pegasus se está usando en todo el mundo para violar derechos humanos, aquí tenemos la triste distinción de ya haberlo vivido –y de estar en la duda constante de si todavía puede estarnos “pinchando”.Vaya manera de romper la costumbre, llegando temprano al cercenamiento global de las libertades fundamentales a manos de la administración 2009-2014 que -con gran probabilidad- usó la tecnología Pegasus, no para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo, sino para obtener ventajas contra contrincantes políticos, secuestrar voluntades, imponer mordazas indirectas a la libertad de prensa, cerrar el espacio de acción de las organizaciones y entidades no gubernamentales sociales y gremiales; y -por procaz que resulte- regodearse con la intimidad ajena.Cuesta, sin duda, hacer un arco entre el texto del artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la era de digital en que vivimos: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Hoy día, cuando para muchos lo popular es voluntariamente renunciar a la privacidad en redes y hasta lucrar de ello, entender que violación de la privacidad de las comunicaciones por parte del Estado a los ciudadanos pone en peligro la democracia misma, pues no es fácil. No en vano el lema de la investigación de Amnistía Internacional es “la democracia global bajo ataque cibernético”. ¿Por qué? Porque esa intervención arbitraria es la encarnación del nuevo autoritarismo que busca eliminar el disenso y la organización ciudadana o política en le ponga limitaciones al poder de los gobiernos en ejercicio. Y poder que no tiene límites, se abusa. Si lo sabremos los panameños después de 16 meses de “estado de emergencia”.Cuesta, también, entender lo que está en juego cuando se violan las libertades de expresión, comunicación, pensamiento, prensa, asociación y todo lo que está involucrado ante la decepcionante respuesta de nuestro Sistema de Justicia –no olvidemos el “no culpable” en el peculado y peculado de uso sobre la adquisición y mal uso del software Pegasus— y el abuso sistemático -léase espectáculo dantesco- de que ha sido objeto por parte del expresidente y su defensa inclusive al día de ayer, en que al fin se dio inicio al juicio por la otra mitad del caso: ordenar los pinchazos y servirse de la información ilegal que produjeron. Anuncio parroquial: ver la escena de la ancianitas tomando medicamentos y bailando con las andaderas en la película The Producers. No se diga más.¿Por qué las violaciones a los derechos humanos no las puede condonar a priori la Justicia (con mayúscula) así las víctimas hablen de perdón y reconciliación camino al banco a depositar el cheque? Porque son delitos que afectan al tejido social completo, porque la impunidad de los mismos genera mayores violaciones y porque el Estado de Derecho se compone precisamente de los elementos que protegen las garantías fundamentales, siendo la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones una de ellas. El mundo ha reaccionado con ira e indignación a la revelación del espionaje a activistas de la sociedad civil y periodistas, el caso de Panamá vuelve a estar en la mira internacional ¿seremos capaces de administrar justicia?El Estado de Derecho es la misma razón por la cual -a su vez- es improcedente e ilegal la maniobra vil de los honorables diputados en la Asamblea Nacional que tratan de abrirle camino al expresidente a una posible candidatura en el 2024, en contra de lo que señala la Constitución en los artículos 164 y 165, que no incluye a los diputados entre quienes pueden proponer leyes para reformar códigos nacionales como el Código Judicial o el Código Penal. Para garantizar la seguridad jurídica, tienen que salvaguardarse las estructuras democráticas, entre ellas el Sistema de Justicia, de los caprichos y oportunismos de empleadillos politiqueros que, sin formación ni entendimiento del impacto a toda la sociedad, buscan una ganancia rápida al mejor postor. Piensa mal y acertarás, dicen en el pueblo de mi madre.Ya quisiera escribir una nota a quién corresponda (y quisiera recibirme la queja): las violaciones a los derechos humanos no se perdonan ni se renuncian ni se pagan ni se venden, se castigan ejemplarmente. Los diputados no pueden obedeciendo a sus más bajos intereses violentar los códigos nacionales y tanto el poder Ejecutivo como el poder Judicial están en la obligación de ponerle coto a tantos desmanes. La estructura distorsionada del Consejo de Seguridad-herencia nefasta de la era pinchazos- tiene que incorporar a quienes representen la Constitución y la Ley, a ver si recuerdan que las gobiernos están al servicio de la ciudadanía. No lo opuesto.La autora es escritora y abogada

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