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Corte programa para abril audiencia a difunto expresidente salvadoreño Flores


Una corte de sentencia de El Salvador programó hoy para el próximo 20 de abril una audiencia de responsabilidad civil contra el difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004) por la supuesta malversación de 15 millones de dólares donados por Taiwán, informó un medio estatal.

De acuerdo con el sitio Transparencia Activa, los jueces del Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador establecieron esta fecha durante una diligencia solicitada por la Fiscalía para revisar las grabaciones de una comparecencia de Flores ante el Congreso en las que admitió haber recibido el dinero.

Añadió que los fiscales del caso informaron de que el proceso se llevará también al Tribunal de Extinción de Dominio para que 9 propiedades de Flores pasen al Estado para que se “recupere” el dinero supuestamente malversado.

El 9 junio de 2017, el mismo tribunal había pospuesto la audiencia por tiempo indefinido para concluir diligencias pendientes y para que los juzgadores pudieran conocer y evaluar el valor de la herencia del exmandatario, fallecido el 2 de febrero de 2016 a los 56 años.

La Fiscalía de El Salvador comenzó el pasado 6 de junio el proceso de extinción de dominio de 9 propiedades dejadas por el difunto expresidente y que quedarán bajó la tutela temporal del Consejo Nacional de Administración de Bienes.

Las propiedades intervenidas, que suman más de 1,84 millones de metros cuadrados, están ubicadas en los departamentos de Usulután (sureste), Ahuachapán (oeste), Santa Ana (noroeste) y La Libertad (centro).

El exmandatario se apropió, según la Fiscalía, de 5 millones de dólares y otros 10 fueron depositados en cuentas de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), bajo cuya bandera gobernó el país centroamericano.

Tras el fallecimiento de Flores concluyó su responsabilidad penal, pero no la obligación civil por los cargos de corrupción de los que fue acusado, “que tendrá que ser determinada”, explicó en su momento la parte querellante, que además señaló que “en caso de existir, hay que seguir un procedimiento para la recuperación, por parte del Estado, de esos bienes”. 




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