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“Compromiso de Lima” para combatir la corrupción es acogido por Panamá


El “Compromiso de Lima”, mediante el que se establecen una serie de medidas anticorrupción surgidas durante la VIII Cumbre de las Américas, desarrollada en Perú, fue acogido por Panamá.

La Presidencia de la República informó que el mandatario Juan Carlos Varela, votó a favor de acoger este Compromiso, cuyas medidas serán adoptadas por los gobiernos de América.

Asimismo, Varela solicitó a la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, a que impulse las normas jurídicas necesarias para su cumplimiento en el país.

Bajo el título “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, el “Compromiso de Lima” establece los siguientes objetivos:

  • Fortalecer las instituciones democráticas, autonomía e independencia judicial para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio.
  • Reforzar el papel de la educación en valores democráticos y cívicos para prevenir la corrupción.
  • Fortalecer los órganos de transparencia y acceso a la información pública sobre la base de las mejores prácticas internacionales aplicables.
  • Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital, la transparencia fiscal, la participación ciudadana, además de impulsar un Programa Interamericano de Datos Abiertos.
  • Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción; así como el trabajo de periodistas y personas que investigan estos actos.
  • Fortalecer medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, principalmente, de sus campañas electorales.
  • Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas, a fin de asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas.
  • Implementar las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para prevenir y combatir el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.
  • Promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno internacional.
  • Profundizar la participación de los Estados en las redes e iniciativas multilaterales contra el lavado de activos, a través de la prestación de la más amplia y pronta asistencia en la identificación, rastreo, embargo preventivo confiscación, decomiso y recuperación de activos.





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